Más que en patas nos van a dejar en bolas
Otro error, y van…
El pueblo se manifestó para frenar la suba de las tarifas.
El jueves 14 de julio se hizo escuchar en todo el país la convocatoria para
protestar contra el aumento impuesto por el presidente Macri.
Frente al improvisado incremento es necesario que las autoridades
nacionales escuchen las voz del pueblo argentino y trabajen para rehacer el
cuadro tarifario de los servicios públicos.
El incremento de las tarifas de gas, electricidad y agua se
ha implementado al mismo tiempo llevando los importes a las nubes. Pero no
debemos perder de vista que se suman a los aumentos de naftas, prepagas de
salud, colegios particulares, transporte público y, sobre todo, alimentos.
El resultado de semejante desenfreno es el empobrecimiento
general de la sociedad y especialmente de los trabajadores y de la clase media.
La rueda comenzó a girar en sentido inverso como resultado
de las primeras medidas económicas que tomó el gobierno, como ser la quita de
las retenciones a las compañías mineras, la baja o eliminación de las retenciones
que se aplicaban al agro, la
devaluación sin anestesia que produjo de un día para el otro y la apertura de
las importaciones, entre otras.
Ahora bien, en materia de energía es reconocido mundialmente
que se trata de un servicio público esencial y que por tanto el Estado tiene
que garantizar las condiciones para que todos los ciudadanos accedan al mismo.
Para el peronismo, es un derecho social, y por tanto es necesario y obligatorio
que las políticas públicas diseñadas en la materia garanticen las condiciones
económicas para que todos tengan la posibilidad de su uso.
La realidad es que el tarifazo resultó el último mazazo al
bolsillo de los argentinos que torna casi imposible una vida digna, en tanto
implica llevar a la mayoría de la sociedad a comenzar a priorizar sus consumos
irracionalmente. Todos los hogares se ven hoy en la encrucijada de optar entre
ir al supermercado, pagar el colegio de sus hijos, la obra social de salud o
pagar el gas, la electricidad o el agua.
Creemos que en primer lugar cualquier cuadro tarifario que
se quiera implementar debe tener en cuenta las condiciones climáticas de las
diversas regiones del país pues no puede aplicarse el mismo precio a los
argentinos que viven por ejemplo en la zona patagónica, que deben soportar condiciones
de vida severas a causa del frío, que a quienes viven en la Mesopotamia con
otras temperaturas y que por tanto hacen usos diferenciales de las diversas
fuentes energéticas.
Tampoco puede escindirse el precio de un servicio público de
la capacidad de pago de los usuarios. Si todo aumenta y los salarios quedan
rezagados como ocurre actualmente, en que estos últimos han perdido ampliamente
la carrera por igualarse a la inflación, es imposible que los asalariados
puedan pagar las astronómicas facturas que el gobierno quiso imponer “manu
militare”, sin consultar a los partidos de la oposición, a las organizaciones
sociales o a las asociaciones de consumidores, y sin explicar claramente el
motivo de semejantes aumentos.
En tal sentido, es preciso advertir que el mismo gobierno
dio marcha atrás fijando un tope del 400% de aumento a los consumos hogareños y
del 500% a los comercios e industrias. Si con esta limitación aún se cumple con
el objetivo de garantizar la rentabilidad de las empresas del sector involucradas,
entonces cuando el aumento oscilaba entre 1500% y 2000% ¿que se quería hacer?:
¿garantizar un rentabilidad extraordinaria a estas empresas? o ¿continuar con
la brutal transferencia de recursos de los sectores populares y medios hacia
los sectores más ricos de la sociedad? Porque tengamos claro que en esencia de
eso se trata, la plata que nos sacan de nuestro bolsillo va a parar a otro
bolsillo.
Una pregunta que nos hacemos es cómo en plena recesión
económica se puede suponer que los hogares, los comercios y las industrias
pueden resistir semejantes aumentos. El resultado está a nuestra vista
cotidianamente: despidos, suspensiones, cierre de comercios, empresas Pymes que
entran en crisis, paralización general del consumo.
Obviamente la filosofía del actual gobierno parece no tener
muy en cuenta el achicamiento económico que sus medidas produce. Tampoco parece
importarle que una parte mayoritaria de la sociedad se haya pronunciado en
contra de este ajuste o que la justicia se haya expedido suspendiendo los
incrementos. Tal vez por ello el ministro Aranguren nos propuso como única
solución reducir el consumo de energía y aumentar su precio sideralmente,
después de notificar a la sociedad que estamos en una crisis energética de la
que nadie sabía que existía, ni el propio gobierno aparentemente, pues de ello
comenzó a hablar cuando los “perros chumbaron”.
En definitiva, en un contexto económico recesivo e
inflacionario la suba de las tarifas perjudica gravemente a quienes más
requieren la presencia del Estado y como peronistas, nuestra prioridad será
siempre la defensa de los sectores populares y el cuidado de las familias. Por
ello proponemos que desde el Congreso Nacional se discuta la inmediata
suspensión del tarifazo y se obtengan los consensos necesarios para establecer
una tarifa justa, accesible y progresiva.
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