JUJUY. La dictadura que la asola tiene añejas raíces que
datan de la colonia
De aquellos polvos, estos lodos
Por Teodoro Boot
A raíz de la arbitraria detención de Milagro Sala (y ahora
la de su esposo Raúl Noro), de la persecución de dirigentes y activistas de la
organización social Túpac Amaru, y de la violenta represión de los trabajadores
del ingenio Ledesma, el gobierno de Gerardo Morales ha sido comparado con las
dictaduras militares. Pero a la luz del arbitrario e ilegal manejo del Poder
Judicial local, por momentos trae reminiscencias de los tiempos del contubernio
y la década infame.
Estas analogías son indisimulables, pero hay algo más detrás
de la represión y la persecución política y gremial, algo más allá de la
desvergonzada utilización del Poder Judicial como penúltimo recurso de los
regímenes oligárquicos. Y ese algo más es particularmente siniestro, pues nos
remite a tiempos a la vez gloriosos y aciagos de nuestras luchas por la
independencia, cuando por detrás de la guerra, con inusitada crueldad una clase
social desnudaba su odio político y su desprecio racial.
Vienen a cuento algunos sucesos que tuvieron lugar en el
norte argentino y la actual Bolivia cuando, hace 200 años, un pequeño grupo de
diputados procedentes de algunas villas y provincias hoy argentinas y algunas
villas del Alto Perú, proclamaban la independencia de las Provincias Unidas en
Sudamérica.
La sublevación del Alto Perú
Por más que haya quienes, de Cornelio Saavedra en adelante,
insistan en que el “terrorismo” de Juan José Castelli enajenó el apoyo del Alto
Perú a la revolución que, triunfante en Buenos Aires, se había iniciado un año
antes precisamente en Chuquisaca y La Paz, la causa antiabsolutista siguió
gozando de gran popularidad entre la mayor parte de los criollos y, muy
especialmente, entre las masas indígenas del actual territorio de Bolivia.
Cumpliendo órdenes de la junta de Buenos Aires, el 15 de diciembre de 1810
Castelli había ordenado fusilar en Potosí al mariscal Vicente Nieto (gobernador
presidente de la Audiencia de Charcas), a Francisco de Paula Sanz (intendente
de Potosí) y al capitán de navío Córdoba y Rojas, responsables de la sangrienta
represión y ejecución de los líderes de la revolución de La Paz de 1809. El
acto, que no hacía más que continuar con la política de “guerra a muerte”
seguida por las tropas absolutistas, le granjeó la enemistad de las clases
acomodadas de la región, pero no así la de la masa popular.
No se trató de una invasión, como se la quiso presentar con
posterioridad: la marcha del improvisado ejército patriota fue precedida y
facilitada por diversas insurrecciones, como la que el 14 de septiembre había tenido
lugar en Cochabamba liderada por Francisco del Rivero y la que el día 24 tomó
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde un cabildo abierto formó una junta
de gobierno. Pocos días después, el 6 de octubre, la ciudad de Oruro se
pronunciaba adhiriendo a la Junta de Buenos Aires.
El 14 de octubre, cuando el ejército patriota todavía se
encontraba en Yavi, al norte de Jujuy, las milicias de Oruro derrotaban a los
1500 soldados realistas al mando de Fermín Piérola, envidados a reprimirlos. En
su retirada hacia La Paz, Piérola había intentado resistir en el pueblo de
Sicasica, pero los vecinos se lo impidieron. El 19 de noviembre una división
enviada por Rivero entraba en la ciudad de La Paz y días antes, el 13, otra
división había ocupado Chuquisaca.
Recién un mes después, el 27 de diciembre, llegarían
Castelli, Balcarce y 400 soldados de la vanguardia de la expedición
auxiliadora.
Las posteriores derrotas de las fuerzas patriotas se
debieron a las disensiones internas, la ineptitud de la conducción militar y el
inferior armamento de las tropas, pero no a la falta de apoyo popular. Es más,
fue desde esos momentos y muy especialmente tras el levantamiento en la sierra
peruana del cacique Mateo Pumacahua, que los ejércitos realistas se ensañaron
muy especialmente contra los cada vez más numerosos quechuas y aymaras que se
sumaban a las fuerzas revolucionarias.
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Juana Azurduy
El cerco a La Paz
Tras la primera gran derrota de las fuerzas patriotas,
sorprendidas el 20 de junio de 1811 en Huaqui por un poderoso ejército, y
atribuida por Cornelio Saavedra al extremismo de Castelli, el jefe realista
José Manuel Goyeneche volvió a vencer el 13 de agosto a Díaz Vélez en la
batalla de Amiraya y se apoderó de La Paz y Chuquisaca, mientras los restos del
ejército patriota conseguían llegar a Salta.
En una suerte de demostración de que no era acertado el
juicio de Saavedra, entre el 14 de agosto y el 14 de octubre la ciudad de La
Paz fue asediada por entre 15 y 19 mil indígenas conducidos por el jefe
revolucionario Juan Manuel Cáceres, los curacas Titicocha, Santos Limachi,
Vicente Choque, Pascual Quispe y el cura Jiménez Manco Capac, quienes habían
elaborado un programa de doce puntos suprimiendo el tributo indígena, la mita y
el yanaconazgo, mientras establecía el reparto de las tierras pertenecientes a
los españoles.
Cáceres cercó la ciudad e intentó tomarla numerosas veces,
lo que no consiguió, no obstante haber recibido el refuerzo de cinco mil indios
conducidos por Esteban Arze, hasta ser desalojado por la llegada de un ejército
realista.
Desde entonces, dos expediciones patriotas habían fracasado
en el Alto Perú y, tras el desastre de Sipe Sipe, el 29 de noviembre de 1815,
el destrozado Ejército del Norte llegaba a Jujuy y pronto retrocedería hasta
Tucumán, mientras las tropas de Joaquín de la Pezuela estaban ya en la quebrada
de Humahuaca, donde eran a duras penas contenidas, entre otras, por las montoneras
de Juan José Fernández Campero, marqués de Yavi, comandante de la Puna bajo las
órdenes de su primo Martín Güemes.
¿Cómo fue entonces que las localidades de Chichas (Potosí),
Mizque (Cochabamba) y Chuquisaca pudieron enviar diputados al congreso?
Las republiquetas
El de Güemes no fue el único “ejército gaucho”. Varias
montoneras y grupos guerrilleros (llamados “republiquetas”) resistieron el
dominio realista sobre el Alto Perú e impidieron, no siempre exitosamente, su
avance sobre Jujuy y Salta: la seguramente más recordada en la actualidad fue
la que comandada por Manuel Ascencio Padilla y su esposa Juana Azurduy,
resistía desde 1809 al norte del departamento de Chuquisaca, con centro en el
pueblo de La Laguna. No obstante el destrato recibido por parte de Rondeau,
Padilla se mantuvo activo hasta su muerte ocurrida el 14 de septiembre de
1816. Pero mayor tamaño y significación
tenían la de Santa Cruz de la Sierra, donde Ignacio Warnes había sido designado
gobernador, la que con epicentro en Mizque y Vallegrande conducía Juan Antonio
Álvarez de Arenales, el vencedor de La Florida, comandante supremo de todos los
grupos guerrilleros del alto Perú, y la de Larecaja, que operaba a las orillas
del lago Titicaca acaudillada por el sacerdote tucumano Ildefonso Escolástico
de las Muñecas.
Sobreviviente de la revolución de La Paz de 1909, donde le
fue perdonada la vida en razón de su investidura, y de la sangrienta batalla de
Umachiri, tras la que fueron ejecutados todos los jefes quechuas, el cura se
había instalado en la otra orilla del lago Titicaca, donde llegó a reunir
varios miles de combatientes, pero apenas armados con palos y hondas. Desde
Larecaja, Muñecas envió varias pequeñas expediciones sobre La Paz, a la que
también hostigaba la “División de los Aguerridos” de José Miguel Lanza, otro
sobreviviente de la Junta de La Paz y líder de la invicta Republiqueta de
Ayopaya, que resistiría hasta la llegada de Sucre a La Paz, en 1825.
En la zona de Tarija, entre los ríos Grande y Pilcomayo,
actuaban Eustaquio Méndez, Francisco Pérez de Uriondo y José María Avilés,
mientras desde Cinti, en el actual departamento de Chuquisaca, el curaca aymara
Vicente Camargo amenazaba la fortaleza realista de Cotagaita, en Porco y Colpa
José Manuel Zárate y Miguel Betanzos cortaban las comunicaciones entre Potosí,
Oruro, Chuquisaca y Cochabamba, en Azero el grupo guerrillero era liderado por
el “semisalvaje, feroz, astuto y desconfiado” Vicente Umaña, mientras las
selvas de Santa Cruz eran dominadas por el jefe guaraní Pedro Cumbay.
Un año fatídico
No obstante el enorme apoyo popular con que contaba el
Ejército del Norte, la impericia de sus jefes y los “hechos y lubricios” que
Padilla le echaría en cara a Rondeau, lo llevaron a una completa derrota en la
batalla de Sipe-Sipe, tras la que debió replegarse, dejando a las republiquetas
y a sus guerrilleros librados a su suerte.
El 27 de febrero de 1816 los ejércitos realistas derrotarían
al más numeroso pero mucho peor armado ejército de Larecasa. Todos los
prisioneros fueron ejecutados, entre ellos el segundo de Muñecas, Juan
Crisóstomo Esquivel; pero, una vez más, el cura logró escabullirse, hasta ser
capturado poco después. Su condición sacerdotal lo libró de la ejecución y por
orden de Pezuela, fue trasladado a las casamatas del Callao, donde jamás
llegaría: en julio de 1816, desde el frente de combate, Fernández Campero,
diputado por Chichas, coronel guerrillero y marqués de Yavi, comunicaría al
Congreso que, en la ribera del río Desaguadero, el cura Muñecas había sido asesinado
junto a sus acompañantes en un falso intento de fuga fraguado por sus captores.
Poco antes, Fernández Campero había informado que en Cinti,
el 3 de abril de 1816, tras una horrenda carnicería, el caudillo Vicente
Camargo habia sido capturado y degollado por el comandante español Buenaventura
Centeno en persona. Luego de eso, más
de 500 patriotas fueron torturados y murieron frente al pelotón de fusilamiento
en la denominada masacre de Arpaja. La cabeza de Camargo fue enviada como
trofeo de guerra al general Pezuela, quien ordenó colocarla en la plaza de
Cotagaita, mientras sus brazos, piernas, pies y manos fueron expuestas en
diferentes puntos del camino desde Arpaja y a lo largo del río a Cotagaita.
Pero no le fue mejor al comandante de la Puna: derrotado en
la batalla de Yavi el 15 de noviembre de 1816, Fernández Campero fue tomado
prisionero por los realistas. Bárbaramente maltratado, tras ser recluido cuatro
años en la fortaleza del Callao, no pudo sobrevivir al largo viaje rumbo a la
prisión que lo aguardaba en España y en 1820 falleció en Jamaica.
Junto con Fernández Campero, los realistas tomaron
prisioneros a treinta seis oficiales, y otros trescientos cuarenta
combatientes, entre los que Diego Cala fue asesinado de inmediato por ser de
“raza indígena”.
Los habitantes de Yavi fueron trasladados en masa hasta
Potosí, donde más de cuarenta de ellos, incluidos mujeres y niños, fueron
degollados el 6 de enero de 1817 por el mismo “delito” que el comandante Cala.
Durante ese fatídico 1816, Manuel Ascensio Padilla fue
capturado tras la batalla de Laguna y ejecutado por el coronel absolutista
Francisco Javier Aguilera, quien ordenó que su cabeza fuera colocada en una
pica en la plaza de La Laguna, donde permanecería varios meses, hasta ser
rescatada por los guerrilleros comandados por su viuda, Juana Azurduy.
El 21 de noviembre, tras la batalla de Pari, el mismo
Aguilera entraría en Santa Cruz con la cabeza de Ignacio Warnes en la punta de
una pica, para de inmediato asesinar a más de 900 indígenas como castigo por su
adhesión a la causa patriota. Era lógico: encima de indios, retobados.
Hasta donde se sabe, ninguno de esos asesinos se llamaba
Gerardo Morales, pero no nos hubiera extrañado en lo más mínimo.
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